Supuesta venta de fusil de alto calibre desata tiroteo en Santiago que deja cinco muertos; 11 policías arrestados y controversia legal

Santiago, RD — En una nueva controversia que sacude al país, once agentes de la Policía Nacional fueron arrestados por el Ministerio Público como presuntos responsables de la muerte de cinco hombres durante un tiroteo ocurrido el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, Santiago. Según las autoridades, el incidente se originó en una supuesta negociación de un fusil de alto calibre.

La acusación pública alega que los agentes, provenientes del Departamento de Investigación de Delitos Complejos y de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central, se desplazaron a la zona luego de detectar la supuesta operación armada. El abogado Juan Carlos Báez Peralta, representante de siete de los policías, denunció que la fiscalía ha violado el principio de presunción de inocencia al divulgar públicamente las identidades de sus clientes antes de que se fijen las responsabilidades.

Hasta ahora, la fiscalía aún no ha sometido la solicitud formal de medida de coerción, aunque los agentes permanecen en Santiago a la espera de que el tribunal decida su situación procesal. Báez sostiene que la acción policial no fue fortuita ni improvisada, sino que respondió a una investigación previa.

Por su parte, el gobierno reaccionó con gestos institucionales. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció la suspensión inmediata de los agentes implicados y aseguró que la investigación será llevada “hasta sus últimas consecuencias”. “No habrá impunidad”, afirmó.

Asimismo, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ordenó que el procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal de Santiago, Quirsa Abreu, lideren las indagatorias para esclarecer el hecho.

Según la versión oficial de la Policía Nacional, el enfrentamiento se produjo cuando los civiles reaccionaron al notar la presencia policial, y se les incautaron armas de alto calibre como un fusil AR‑15 calibre 5.56, una ametralladora Uzi calibre 9 mm, además de pistolas y revólveres. También fueron ocupados tres vehículos.

 Entre los fallecidos fueron identificados Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, quienes murieron mientras recibían atención médica en el Hospital Cabral y Báez.

Familiares de algunas víctimas han cuestionado la versión policial, negando que sus parientes pertenecieran a estructuras criminales. Exigen que el proceso sea transparente y que las cámaras de seguridad del lugar sean puestas a disposición del Ministerio Público.

 El caso ha generado intenso debate sobre los límites del accionar de los agentes, la necesidad de garantías procesales y la responsabilidad del Estado ante posibles excesos del uso de la fuerza.