Procuraduría recibe dos informes contra Senasa bajo gestión de Hazim; este afirma que fue él quien denunció el fraude

Mientras el gobierno ordena entregar documentos a la PGR, el exdirector defiende su labor y asegura que actuó con transparencia

Santo Domingo, RD — 25 de septiembre de 2025El gobierno dominicano ha puesto en movimiento el proceso judicial contra posibles irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) durante la administración de Santiago Hazim. En respuesta, Hazim salió públicamente a defender su gestión y afirmó que fue él mismo quien en noviembre de 2024 denunció el fraude ante el Ministerio Público, acompañando la querella con pruebas documentales.

Según fuentes oficiales, el presidente Luis Abinader instruyó que el Superintendente de Salud (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y el director de Senasa, Edward Guzmán, entregaran un informe con hallazgos de irregularidades a la Procuraduría General de la República, para que este órgano inicie las investigaciones pertinentes.

Hazim explicó que, en su gestión, se descubrió un esquema de manipulación del sistema de autorizaciones médicas que implicaba empresas contratadas sin licitación, uso de identidades para autorizaciones inexistentes y pagos urgentes a proveedores. Según él, esa práctica fue denunciada formalmente desde la Consultoría Jurídica de Senasa y depositada en el Ministerio Público.

Por su parte, investigaciones periodísticas apuntan a una red estructurada desde un “call center paralelo” operado por exempleados del sistema, con afiliados ficticios y facturas infladas. En uno de los reportes, se menciona que entre 2021 y 2024 podrían haberse tramitado más de 4,000 autorizaciones médicas fraudulentas por un monto que supera los RD$41 millones.  Además, PEPCA ha solicitado a la periodista Nuria Piera que entregue las emisiones de su programa “N Investiga” que contienen investigaciones sobre estas denuncias.

El Presidente Abinader subrayó en sus redes sociales que, en su administración, puede tener amigos, pero jamás cómplices, y que no permitirá impunidad frente a estos casos de corrupción institucional.Mientras tanto, el Ministerio Público y las instancias especializadas deben analizar el material entregado y determinar si procede la judicialización de los responsables.