Corte Aplaza para el 3 de febrero apelación de imputados en caso SeNaSa

“El aplazamiento fue dispuesto tras la comparecencia de una de las imputadas sin representación legal”

Distrito Nacional. R.D

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió aplazar para el 3 de febrero, a las 10:00 de la mañana, el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos por Santiago Hazim y otros seis implicados en el denominado caso “SeNaSa”

La decisión fue adoptada por el tribunal presidido por la magistrada Isis Muñoz, e integrado por los jueces Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez luego de que la imputada Ada Ledesma Ubiera se presentara a la audiencia sin la asistencia de sus abogados defensores.

Ante esta situación, la Corte acogió el aplazamiento con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa de la imputada. La solicitud no encontró oposición por parte del Ministerio Público, los abogados del Estado dominicano ni del querellante Miguel Surún Hernández.

Los recursos de apelación, sometidos por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito y Jaime Caonabo Terrero quienes buscan la revocación de la prisión preventiva impuesta a los imputados.

Dicha medida fue dictada por el juez Rigoberto Sena del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien además declaró el proceso como caso complejo y ordenó el envío de los acusados a los centros penitenciarios Las Parras y Najayo Mujeres.

Entre los detenidos figuran Santiago Hazim exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa); Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz exgerente financiero, Germán Rafael Robles Quiñones ex-consultor jurídico, Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

De igual manera, la Corte conocerá ese mismo día el recurso de apelación presentado por el querellante Miguel Surún Hernández contra Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read Estrella quienes actualmente cumplen medidas de arresto domiciliario, impedimento de salida, presentación periódica y garantía económica.

Según el Ministerio Público, la supuesta estructura delictiva operó entre los años 2020 y 2025, ocasionando un perjuicio económico que supera los 15 mil millones de pesos al sistema público de riesgos de salud.

A los imputados se les atribuyen cargos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.

El órgano acusador reiteró que la investigación continúa abierta y que, además de los actuales detenidos, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación, por lo que no se descartan nuevos sometimientos relacionados con este presunto desfalco millonario.