Comisión Europea advierte que TikTok, Instagram y Facebook podrían estar poniendo en riesgo a menores

Bruselas — En una conclusión preliminar hecha pública el 24 de octubre de 2025, la Comisión Europea ha señalado que las plataformas TikTok, Instagram y Facebook no están cumpliendo adecuadamente los mecanismos exigidos por la legislación comunitaria para proteger a menores frente a contenido potencialmente dañino.

Según lo comunicado por la Comisión, estas plataformas carecen de procesos suficientemente simples y transparentes para que los usuarios alerten sobre contenidos ilegales (como abusos sexuales o terrorismo) y para que los investigadores accedan a datos que permitan evaluar el impacto que estos servicios tienen sobre menores.

Principales observaciones

• Las plataformas señaladas no garantizan “mecanismos sencillos para notificar contenido ilegal”, siendo los sistemas actuales calificados como “confusos” y “disuasorios”.

• En el caso de Facebook e Instagram, además se considera que el mecanismo de apelación o de impugnación de moderación no permite al usuario aportar explicaciones o pruebas, lo que limita su eficacia.

• También se detectaron deficiencias en el acceso de los investigadores a datos públicos para evaluar el grado de exposición de menores a contenido perjudicial.

• La regulación en cuestión se basa en la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, que entró en vigor para los grandes servicios online hace poco más de dos años, y que exige a estos “proveedores de plataformas muy grandes” (VLOP por sus siglas en inglés) la realización de evaluaciones de riesgo, medidas de mitigación, informes de transparencia, entre otros.

Declaraciones institucionales

La comisaria de Tecnología y Soberanía Digital, Henna Virkkunen, ha declarado que “nuestras democracias dependen de la confianza. Eso significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio”.

Por su parte, las compañías señaladas han emitido respuestas: Meta Platforms (propietaria de Facebook e Instagram) afirma que no está de acuerdo con las acusaciones y que ya ha introducido cambios en sus opciones de notificación de contenidos, procesos de apelación y herramientas de acceso a datos, considerándose conforme a la normativa europea.

Repercusiones y posibles sanciones

La apertura de una conclusión preliminar no implica aún una sanción definitiva, pero la situación es grave: si la Comisión concluye que existe incumplimiento del DSA, podría imponer sanciones que alcanzan hasta el 6 % del volumen de negocio anual total a nivel mundial de la empresa infractora.

Asimismo, a nivel político se están barajando otras medidas, como la fijación de una edad mínima de 16 años para el acceso a plataformas de redes sociales en la UE, salvo consentimiento parental, así como la prohibición de algoritmos de recomendación basados en la interacción para menores.

Qué está en juego

La decisión de la Comisión resalta la creciente preocupación sobre los efectos que las redes sociales pueden tener sobre los menores: exposición a contenido violento o sexualmente explícito, riesgo de adicción a los algoritmos, manipulación emocional, presión de grupo, impacto en salud mental, entre otros. Con esta normativa, la UE busca que los grandes servicios digitales asuman una responsabilidad mayor de cara a proteger la infancia en internet.

Para padres, educadores y responsables de políticas, este caso recalca la importancia de supervisar el uso de redes sociales, aplicar controles de acceso adecuados, fomentar alfabetización digital y garantizar que los menores tengan entornos online seguros.

Conclusión

Aunque todavía es una fase técnica de investigación preliminar, el hecho de que la Comisión Europea haya formalizado estas advertencias contra plataformas tan populares como TikTok, Instagram y Facebook marca un punto de inflexión en la regulación digital: ya no se trata solo de moderar contenidos, sino de que el diseño, la operación y la transparencia de las plataformas ofrezcan garantías reales para los menores. Los próximos meses serán clave: las compañías deberán responder con datos concretos y, de no hacerlo, se enfrentan a multas millonarias y a un escrutinio regulatorio reforzado.