Senado Dominicano Apura la Reforma del Código Procesal Penal para Cumplir Plazo del Tribunal Constitucional

Santo Domingo, RD – El Senado de la República Dominicana se encuentra en una carrera contra el tiempo para aprobar, antes de que expire el plazo impuesto, una impostergable reforma al Código Procesal Penal (CPP). La presión proviene directamente de múltiples sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que han puesto en jaque la operatividad del sistema de justicia penal al imponer una interpretación estricta del "Plazo Razonable".

El punto focal de la crisis radica en el Artículo 148 del CPP, que fija un tope de tres años a la duración máxima de cualquier proceso penal. El TC, actuando como garante de los derechos fundamentales, ha estado dictando fallos que anulan procesos penales que superan dicho término sin una justificación suficiente, lo que ha generado preocupación por la posible extinción masiva de acciones penales incluso en casos de alta complejidad o corrupción. Esta situación ha obligado al poder legislativo a corregir las deficiencias del articulado vigente para alinearlo con el derecho constitucional al debido proceso (Art. 69.7).

La Necesidad de una Corrección Constitucional

La reforma busca, principalmente, dotar de herramientas legales que permitan a los tribunales distinguir entre la dilación indebida—que viola los derechos del imputado—y la extensión necesaria de un proceso justificada por su complejidad, el número de imputados o la magnitud de la prueba. El proyecto de ley que se debate en la Cámara Alta pretende introducir mecanismos claros para la suspensión o interrupción del plazo, garantizando que el límite de tres años no se convierta en una excusa para la impunidad. De no aprobarse la modificación a tiempo, el sistema judicial dominicano podría enfrentarse a un colapso procesal, quedando desarmado ante la extinción de casos de gran relevancia social. La celeridad y el consenso son ahora los principales desafíos del Senado.