Se agrava el conflicto en el Oncológico del Cibao tras juramentación de la nueva directiva

Santiago de los Caballeros, República Dominicana – La crisis al interior del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) se intensifica luego de la reciente juramentación de una nueva directiva, desencadenando renuncias masivas, manifestaciones de pacientes y anuncios de intervención institucional.

Contexto y desencadenantes

La tensión comenzó a escalar cuando varios médicos de alto perfil fueron desvinculados tras denunciar irregularidades en la administración del centro. Uno de los casos más comentados fue la cancelación del doctor Juan Vila, quien fungía como jefe del servicio de cirugía oncológica, y quien señaló que su destitución careció de justificación formal y respondió a sus reclamos por anomalías institucionales.

Asimismo, otros profesionales —como Manuel Guzmán (coordinador de la residencia de cirugía oncológica), Ariel Osoria, Rafael Gutiérrez, Julio Madera y Johanna Marte— han abandonado la institución. Algunos fueron despedidos y otros presentaron renuncia voluntaria, alegando desacuerdo con decisiones de la nueva gerencia.

La salida de estos especialistas ha generado inquietud sobre la continuidad de programas académicos —especialmente el de residencias— pues algunos residentes requieren supervisión quirúrgica, y ya no habría especialistas adecuados para asumir esas funciones.

Protestas y denuncias ciudadanas

En respuesta a la crisis, pacientes y familiares organizaron protestas frente al centro oncológico. Entre las consignas se escucharon frases como “El oncológico depende del pueblo, no nos lo quitarán” y “Señor presidente, no permita que nos roben el oncológico que tanto le costó al pueblo”. Algunos manifestantes pidieron la reincorporación de los médicos cancelados y denunciaron cobros excesivos por servicios que antes eran gratuitos.

Pacientes han informado que deben pagar 3,000 pesos o más simplemente por “derecho al uso de cama”, un servicio que anteriormente no generaba ese tipo de cargos, lo que alimenta sospechas de una “privatización encubierta” del centro.

En uno de los actos más simbólicos, el pastor y activista Pablo Ureña se encadenó en la verja del instituto en señal de protesta, denunciando que funcionarios afirmaron públicamente que el centro “es privado”.

Reacción institucional y medidas

Ante la escalada, la vicepresidenta y presidenta del Gabinete de Salud, Raquel Peña, anunció que el Viceministerio de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública intervendrá el IORC. La intervención tendrá como propósito evaluar deficiencias, revisar los procesos internos de gestión y restaurar la adecuada prestación de los servicios.

Por su parte, el Servicio Nacional de Salud (SNS) emitió un comunicado aclarando que el Oncológico del Cibao no forma parte de la red pública de servicios de salud, y que su administración no depende directamente del SNS.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) respaldó públicamente al doctor Vila, calificando su despido como injustificado y denunciando prácticas autoritarias bajo la gestión de la nueva directiva encabezada por el ingeniero Héctor Lora.

Vila, por su lado, ha anunciado que llevará sus denuncias ante la justicia, argumentando que no se trata de un conflicto personal, sino de la defensa de un patrimonio público que no debe beneficiarse de nepotismo o abusos administrativos.

Riesgos y efectos

• Desmantelamiento del equipo profesional: La pérdida de cirujanos expertos y oncólogos debilita la capacidad operativa del centro y compromete la atención a pacientes con cáncer.

• Interrupción de residencias médicas: Sin supervisión adecuada, los residentes podrían ver suspendida su formación quirúrgica especializada.

• Servicios más costosos para usuarios: Los nuevos cobros podrían aislar a los pacientes de escasos recursos, generando inequidad en el acceso.

• Desconfianza institucional: La percepción de privatización y autoritarismo podría erosionar la legitimidad del instituto, generando más protestas y presión ciudadana.

Conclusión

La juramentación de la nueva directiva del Oncológico del Cibao ha sido un punto de quiebre: lo que parecía un cambio administrativo se convirtió en provocador de una crisis compleja, con repercusiones médicas, sociales y políticas. La intervención estatal parece inevitable, pero su éxito dependerá de una acción rápida, transparencia en los procesos y garantías para que los pacientes no sean la población más afectada en esta pugna institucional.