Reino Unido implementará castración química para delincuentes sexuales en un esfuerzo por reducir la reincidencia y aliviar el hacinamiento carcelario

El gobierno británico, bajo la dirección de la ministra de Justicia Shabana Mahmood, ha anunciado un plan piloto para introducir la castración química como medida para reducir la reincidencia entre delincuentes sexuales. Esta iniciativa se implementará inicialmente en 20 prisiones de Inglaterra y Gales, con la posibilidad de que se convierta en una práctica obligatoria en el futuro. La castración química implica el uso de medicamentos que suprimen la libido, con el objetivo de disminuir los impulsos sexuales en los delincuentes sexuales.

La medida forma parte de una reforma más amplia destinada a abordar el hacinamiento en las cárceles británicas, que actualmente albergan cerca de 90,000 reclusos, superando su capacidad. Además de la castración química, el plan incluye la liberación anticipada de ciertos reclusos con penas menores y la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias para aumentar la capacidad en 14,000 plazas para 2031. Sin embargo, la reforma ha generado controversia, con defensores que argumentan que reducirá la reincidencia y críticos que señalan preocupaciones éticas y sobre derechos humanos.

Estudios previos han mostrado que la castración química puede reducir la reincidencia en hasta un 60% en algunos casos. Sin embargo, expertos advierten que su efectividad puede ser limitada, especialmente si los delitos están motivados por el poder o el control, en lugar de impulsos sexuales. Además, existen preocupaciones sobre el consentimiento de los reclusos y los posibles efectos secundarios de los medicamentos utilizados.

La implementación de esta medida en Reino Unido se alinea con prácticas en otros países, como Estados Unidos, Polonia y Rusia, donde la castración química se ha utilizado co

mo castigo para delitos sexuales graves. Sin embargo, la propuesta británica ha sido recibida con escepticismo por parte de organizaciones de derechos humanos y expertos en ética, quienes cuestionan si esta medida es una solución efectiva o una respuesta punitiva sin base científica sólida.

La sociedad británica se enfrenta a un dilema: ¿es la castración química una herramienta legítima para proteger a las víctimas y reducir la reincidencia, o una medida extrema que vulnera los derechos humanos? El debate continúa mientras el gobierno avanza con su plan piloto, y la comunidad internacional observa de cerca los resultados y las implicaciones éticas de esta política.