Red de Abogados y Empresas Acusadas de Suplantar Compañía

El Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional inició hoy la audiencia correspondiente al proceso legal en contra de 18 personas, entre ellas el abogado Gustavo Alfredo Biaggi Pumarol, su esposa Wanda Perdomo, y otros implicados en una presunta red de falsificación y uso de documentos falsos. Los acusados enfrentan cargos por manipulación fraudulenta de documentos comerciales con el objetivo de crear una sociedad ficticia.

El caso, que ha captado la atención pública por su complejidad y alcance, involucra a figuras como Ana María Jiménez Goris, Juan Mayol Vicioso, Sergio Germán Medrano, y varias empresas, entre ellas Hilari Mayol, S.R.L., Mayol & Co., S.R.L., Grand Cays Corporation y Okra Co., Ltd. Según la acusación, los imputados formaron un grupo organizado que falsificó documentos para suplantar a la empresa Costa Dorada, S.R.L., registrada legalmente desde 1976.

Mediante maniobras fraudulentas, lograron que la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Peravia emitiera un Registro Mercantil (No. 714PP) para una sociedad falsa, alegando que tenía sede en Bani, cuando la empresa original tenía domicilio en Santo Domingo. Este acto de suplantación habría sido posible gracias a la falsificación de actas, declaraciones juradas y documentos de venta, en los que el abogado Biaggi Pumarol y su esposa jugaron un papel central, aprovechando su influencia dentro de la federación de Cámaras de Comercio.

La Fiscalía sostiene que estas acciones violan el Código Penal Dominicano y la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales, y buscan responsabilizar penalmente a todos los implicados. De comprobarse los cargos, los acusados podrían enfrentar severas sanciones, incluyendo penas de prisión y multas significativas.

Este caso no solo expone las vulnerabilidades en los sistemas de registro mercantil, sino que también pone en evidencia la sofisticación de las redes de fraude documental que operan en el país. La audiencia marca un hito en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en República Dominicana, enviando un mensaje claro sobre la importancia de la transparencia y la legalidad en los negocios.

Con el inicio de este proceso, las autoridades buscan cerrar el cerco sobre una trama que intentó burlar el sistema legal y apoderarse de un patrimonio ajeno. La sociedad dominicana espera que este caso siente un precedente en la lucha contra la impunidad y el fraude en el ámbito empresarial.