RD impulsa minería estratégica… pero los permisos siguen estancados.

En los últimos años, el Gobierno dominicano ha puesto a la minería, particularmente de recursos estratégicos como petróleo, gas y tierras raras, en el centro de su estrategia de desarrollo nacional. Sin embargo, numerosos proyectos aún esperan luz verde, paralizados por la falta de permisos. Este contraste entre visión y realidad amenaza con frenar el potencial económico del sector.

Mining: una apuesta ambiciosa con obstáculos persistentes

Desde 2021, bajo la administración del presidente Luis Abinader, la minería se convirtió en un proyecto de Estado. Se promulgó una nueva ley en 2025 que habilita la exploración de petróleo y gas, exigiendo una participación mínima del 15 % del capital a actores dominicanos. El Gobierno proyecta una ronda petrolera para 2026, con expectativas de explotar cerca de 80 millones de barriles recuperables.

Simultáneamente, se lanzó un ambicioso plan para explorar tierras raras en Pedernales, estimándose hasta 100 millones de toneladas de reservas potenciales. El proyecto cuenta con asesorías de la Universidad de Barcelona y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., y está liderado por una empresa estatal, Emidom, prometiendo una explotación sostenible al servicio del pueblo dominicano.

El “oro tradicional” que nunca llega

No obstante, mientras se impulsan debates y leyes, proyectos de antiguas explotaciones de oro siguen esperando aprobaciones. El más emblemático es el Proyecto Romero, en San Juan de la Maguana, identificado por una firma canadiense. A pesar de estar prácticamente listo para iniciar el estudio de impacto ambiental, lleva casi una década sin avanzar.

Otro caso relevante es el de Dajabón, donde la empresa canadiense Unigold ha identificado depósitos significativos, pero no consigue avanzar por falta de permisos.

Incluso la poderosa Barrick Gold —operadora de la mina Pueblo Viejo— enfrentó arduos procesos para obtener permisos de expansión. Tras años de protestas por el impacto social y ambiental asociado a la construcción de una nueva presa de relaves, finalmente obtuvo autorización bajo estrictas condiciones.

Representantes del sector minero han advertido que esta burocracia retrasa oportunidades valiosas. Según Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, el país está “perdiendo oportunidades” por demoras en permisos como el del proyecto Romero.

Pedro Esteva, presidente de Camipe (Cámara Minera y Petrolera), criticó la burocracia y la falta de claridad en los procedimientos de permisos ambientales, subrayando la urgente necesidad de un marco ágil y transparente.

El Ministerio de Energía y Minas, por su parte, está elaborando un anteproyecto de ley minera con un enfoque hasta 2028 que incluye un catastro electrónico, regulaciones actualizadas para minería subterránea y mecanismos para agilizar los estudios de impacto ambiental.