“Más impuestos que megas”: la paradoja digital dominicana

 A pesar de avances tecnológicos, República Dominicana enfrenta una de las mayores cargas fiscales sobre el acceso a internet en América Latina.

Mientras otros países de la región buscan formas de mejorar el acceso a internet, República Dominicana se mantiene con una de las cargas fiscales más altas sobre los servicios de telecomunicaciones. Los usuarios dominicanos enfrentan un 30% de impuestos en sus facturas de internet, una de las tasas más elevadas del hemisferio, comparable solo con las de Argentina y Brasil.

Este porcentaje incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) del 18%, un Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del 10% y una contribución del 2% al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT). Por ejemplo, de una tarjeta prepaga de RD$100, solo RD$70 se destinan efectivamente a minutos y datos. Este alto costo afecta especialmente a los usuarios de planes móviles prepago, que representan el 76% de las 10.7 millones de líneas móviles activas en el país.

A pesar de estos costos, la penetración de internet en el país sigue siendo limitada. Solo el 11% de los hogares tiene acceso a velocidades superiores a 100 Mbps, y el 15% de la población permanece desconectada. Además, persisten disparidades significativas entre zonas urbanas y rurales, y entre diferentes niveles socioeconómicos.

Expertos como Armando García, director ejecutivo de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), han señalado que la alta carga tributaria sobre los servicios de telecomunicaciones es una barrera para el desarrollo digital del país. García ha propuesto la eliminación del ISC del 10% como una medida inicial para aliviar esta carga. Asimismo, un estudio del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Observatorio Nacional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ONTIC-RD) sugiere que la eliminación de estos impuestos podría reducir los costos para los consumidores en un 28% a 39% y generar un impacto positivo en el comercio electrónico, estimado en más de US$1,088 millones.

Sin embargo, el gobierno ha descartado una reforma fiscal en el corto plazo, lo que implica que la actual estructura impositiva sobre los servicios de telecomunicaciones se mantendrá. Esto plantea un desafío para la inclusión digital y el desarrollo económico del país.