Modificación de la Ley de Residuos Sólidos genera preocupación en MIPYMES

Una reciente modificación al anteproyecto de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) ha encendido las alarmas en el sector empresarial dominicano, especialmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). La propuesta, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, contempla un incremento significativo en las contribuciones que las empresas deben pagar por la gestión de residuos, lo que, según los sectores afectados, podría triplicar las cargas económicas actuales y poner en riesgo la viabilidad de miles de negocios en el país.

La modificación del artículo 35 de la ley establece una cuota proporcional a los ingresos de las empresas, incluyendo asociaciones sin fines de lucro, fideicomisos, fondos de inversión y entidades gubernamentales. Este ajuste ha sido calificado por representantes de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) como una medida "abusiva y lesiva" para la sostenibilidad de los negocios. Ángelo Viro, presidente de la ANEIH, expresó que la propuesta fue conocida en el Senado con "demasiada premura y precipitación", sin la debida consulta con los sectores productivos del país .

Por su parte, el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) y la Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (Animpa) también han manifestado su preocupación por los incrementos impositivos contemplados en la modificación. Estas organizaciones advierten que los aumentos podrían ser insostenibles para las empresas, especialmente para las MIPYMES, y afectar negativamente la competitividad y sostenibilidad del sector. Alberto Leroux, presidente del CNCP, calificó como "devastador" el efecto que tendría la ley para el comercio mayorista de ser aprobada, ya que los negocios formales de este sector trabajan con márgenes de ganancia "mínimos, de entre 1.5 % y 2 %" .

Ante esta situación, diversas organizaciones empresariales han solicitado a la Cámara de Diputados estudiar con detenimiento el proyecto de modificación, priorizando la concertación con los sectores económicos y sociales antes de implementar cualquier medida fiscal. Se espera que en la próxima legislatura, que se reanuda el 27 de febrero, se dé un espacio para el diálogo y la revisión del anteproyecto, con el fin de garantizar un equilibrio entre la gestión de residuos y la sostenibilidad económica de las empresas en el pais.