Martes de Guerra en Río: Operativo Policial Deja 64 Muertos en Ofensiva Histórica Contra el Comando Vermelho

RÍO DE JANEIRO, BRASIL – 28 de octubre de 2025 –

Río de Janeiro amaneció en medio de un violento operativo que ha sido catalogado como el más letal en la historia reciente de la ciudad. La Policía Militar, apoyada por 2,500 agentes, helicópteros y vehículos blindados, irrumpió en los complejos de Alemão y Penha, vastas favelas del norte carioca, en una ofensiva directa contra el Comando Vermelho, una de las facciones criminales más grandes y poderosas de Brasil. El balance provisional de la jornada es estremecedor: 64 personas muertas, entre ellas cuatro agentes de seguridad, y más de 80 detenidos.

El objetivo central de la operación era capturar a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, el presunto jefe regional del Comando Vermelho en el complejo de Penha, quien acumula más de cien causas judiciales por homicidio y narcotráfico. La ofensiva utilizó tecnología de punta, incluyendo drones para detección y ataque, y diez vehículos de demolición para abrirse paso a través de las barricadas en las estrechas callejuelas de las favelas. Sin embargo, la acción policial ha reavivado el debate sobre la estrategia de seguridad pública del gobernador Cláudio Castro, bajo cuyo mandato han ocurrido tres de las cuatro operaciones más mortales contra el crimen organizado, lo que según expertos como Chris Dalby, director del observatorio World of Crime, evidencia una política "implacable" pero de alto costo social.

La jornada paralizó la vida de más de 200,000 personas: clases suspendidas en 45 centros educativos, rutas de autobuses desviadas y comercios cerrados. La ofensiva expone el dilema persistente de la violencia estructural en Río, donde la frontera entre el combate al narcotráfico y la vulneración de derechos se hace difusa. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han expresado su preocupación histórica por la impunidad y la letalidad policial, sugiriendo que muchas de las muertes en estas intervenciones podrían no ser combates legítimos. El futuro de la misión no solo dependerá de la captura de capos y la incautación de armas, sino de la capacidad del Estado para abrir investigaciones independientes y reconstruir el tejido social en las zonas afectadas.