Magistrados del TC advierten: falta de regulación de la IA representa desafío constitucional para RD

Santo Domingo, 19 de agosto de 2025 — En un conversatorio celebrado el pasado 13 de agosto en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra (PUCMM), dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Army Ferreira y Amaury Reyes Torres, alertaron sobre la ausencia de un marco legal para la inteligencia artificial (IA) en la República Dominicana y la necesidad de abordarla con urgencia desde una perspectiva constitucional.

Ferreira señaló que, aunque existe una estrategia nacional de ciberseguridad en curso, aún falta una regulación que responda “a la realidad que vivimos hoy”. Propuso estudios sobre los derechos fundamentales afectados por el uso "desproporcionado y antiético" de la IA, e insistió en que se definan responsabilidades estatales en materia de ciberseguridad, licenciamiento de desarrolladores y aplicación de sanciones administrativas para proteger los datos personales.

Por su parte, Reyes Torres advirtió que la IA podría constituir “un riesgo para la democracia”, y resaltó la importancia de establecer principios como la transparencia, la explicabilidad y la supervisión humana. También subrayó el papel crucial de los medios para promover un uso ético de la tecnología y combatir la desinformación y la posverdad, fenómenos que pueden verse amplificados por la IA.

Sobre la necesidad de una reforma constitucional, el profesor constitucionalista Eduardo Jorge Prats opinó que no es necesaria, dada la flexibilidad del artículo 49 de la Constitución, que protege el derecho a la expresión y la información. En cambio, abogó por una regulación progresiva basada en principios y “derecho suave”, incluida la creación de una mesa de debate con expertos y representantes sociales. Entre sus recomendaciones destacan la reserva de humanidad, una autoridad reguladora autónoma, un código de buenas prácticas y la implementación escalonada con un mapa de riesgos asociado al uso de la IA.

Estas conclusiones reafirman la urgencia de construir un marco normativo y ético en torno a la IA para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en un entorno tecnológico cada vez más complejo y acelerado.