La JCE impulsará renovación masiva de cédulas por RD$6,000 millones; expertos cuestionan facultades.

La Junta Central Electoral (JCE) anunció el inicio de un ambicioso proceso de renovación de las cédulas de identidad y electoral en todo el país, estimado en RD$6,000 millones. El organismo prevé renovar más de 7 millones de plásticos en policarbonato, incorporando cinco capas de seguridad, chip integrado y firma digital, con visión hacia la durabilidad y protección tecnológica.

• Emisión de cédulas seguras y duraderas, con material resistente y tecnología avanzada para prevenir falsificaciones y suplantaciones.

• Ciclo de vida programado con entrega anual de 900,000 cédulas a partir del segundo año, extendido a 9 años adicionales.

• Prerregistro ciudadano mediante aplicación digital para evitar aglomeraciones y agilizar el trámite, usando mecanismos de verificación biométrica.

• Algunos expertos advierten que este monto masivo —RD$6,000 millones (equivalente a más de USD 100 millones)— podría exceder los límites legales y fiscales del organismo.

• Se recuerda el precedente de pérdidas millonarias en tecnología durante procesos electorales anteriores: dispositivos inutilizados, almacenamiento costoso y fallas técnicas en equipos comprados para automatización.

• Además, existen preocupaciones sobre inconsistencias en el Registro Civil: aproximadamente 2.8 metros de archivos de ciudadanos están inconclusos o presentando errores que podrían afectar la precisión del nuevo sistema.

La JCE espera lanzar el proceso entre septiembre u octubre de 2025, tras avanzar con la licitación internacional, apertura de ofertas técnicas y pruebas de concepto.

El proyecto de renovación de la cédula constituye una reforma estructural de identidad nacional, apuntando a modernizar y securizar la documentación ciudadana en República Dominicana. Sin embargo, su escalada presupuestaria y antecedentes tecnológicos fallidos inyectan dudas sobre la capacidad de ejecución, transparencia y legalidad del proceso. La ciudadanía y sectores especializados demandan mayor fiscalización y claridad sobre el uso de los recursos públicos.