Estancada 85 Días: El Senado Retiene la Ley de Residuos Sólidos y Provoca Cruce de Acusaciones con el Poder Ejecutivo

SANTO DOMINGO, RD — Han transcurrido 85 días desde que el Senado de la República aprobó de forma definitiva la modificación de la Ley 225-20 sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos, y el documento clave para la regulación ambiental sigue sin ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Este retraso ha generado un abierto conflicto entre el presidente Luis Abinader y el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, además de la indignación de sectores municipales.

El presidente Abinader ha negado tener la pieza en su escritorio, instando públicamente a los medios a "preguntarle al presidente del Senado" sobre el paradero de la ley. Por su parte, Ricardo de los Santos ha justificado la demora indicando que está esperando que el Gobierno concluya un proceso de diálogo con los sectores involucrados, ya que el propio mandatario anunció su intención de observar la ley para corregir errores. No obstante, el reglamento interno del Senado establece un plazo máximo de 15 días para remitir una ley aprobada al Poder Ejecutivo, un plazo que se ha incumplido en más de cinco veces.

"Ley Secuestrada": La Importancia de la Pieza y el Incumplimiento Normativo

La modificación de la Ley 225-20 es considerada crucial para la sostenibilidad ambiental y la sanidad pública, ya que busca establecer contribuciones de las empresas para dar sostenibilidad a la recogida y disposición final de los residuos y eliminar progresivamente los vertederos a cielo abierto.

El presidente de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim), Pedro Richardson, ha calificado la situación como una "Ley secuestrada", acusando directamente al senador De los Santos de retener el documento en Archivo y Correspondencia, a pesar de que la ley es "imprescindible para alcanzar un país sin basura". La dilación en el envío no solo detiene la implementación de una norma vital, sino que también evidencia una tensión institucional y el incumplimiento del propio reglamento del Senado, que busca garantizar la agilidad del trámite constitucional.