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El Misterio del Decreto 113-25 y las Sombras del Poder


El pasado 10 de marzo, el presidente Luis Abinader firmó el decreto 113-25, un documento que, a simple vista, busca fusionar todas las instituciones de ayudas sociales bajo una sola entidad. Sin embargo, lo que debería ser una medida administrativa más ha generado un sinfín de suspicacias, rumores y preguntas sin respuesta. ¿Por qué un decreto de esta magnitud no ha sido dado a conocer de manera oficial cuatro días después de su redacción? ¿Qué hay detrás de esta decisión que parece haber desatado una guerra interna entre los llamados “presidenciables”?


El decreto, que nombra a Gloria Reyes como la directora de esta nueva “súper institución”, ha levantado más dudas que certezas. Reyes, una figura conocida en el ámbito político y social, parece estar en el centro de un juego de poder que va más allá de la simple administración de ayudas sociales. ¿A quién apoya realmente Gloria Reyes? ¿Es su nombramiento una jugada estratégica del presidente Abinader para consolidar su base de apoyo, o responde a intereses más oscuros dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM)?


La falta de transparencia en la divulgación del decreto ha alimentado las teorías más variadas. Algunos sugieren que la demora en su publicación se debe a tensiones internas entre los posibles candidatos a la presidencia, quienes estarían maniobrando para asegurar su posición de cara a las próximas elecciones. Otros apuntan a que la fusión de las instituciones de ayudas sociales podría ser una forma de centralizar el control sobre los recursos, lo que, en el peor de los casos, podría abrir la puerta a prácticas clientelistas o incluso corruptas.


Pero la pregunta que nadie parece querer responder es: ¿por qué ahora? ¿Qué motivos hay detrás de esta decisión en un momento en el que el país enfrenta desafíos económicos y sociales de gran envergadura? ¿Es realmente una medida para optimizar la ayuda a los más necesitados, o es una cortina de humo para distraer la atención de otros temas más urgentes?


Gloria Reyes, por su parte, se encuentra en una posición delicada. Su nombramiento la coloca en el ojo del huracán, y su capacidad para manejar esta nueva institución será puesta a prueba no solo por la ciudadanía, sino también por los actores políticos que buscan sacar provecho de la situación. ¿Será capaz de mantenerse neutral en medio de las presiones internas, o terminará siendo un peón en el tablero de los “presidenciables”?


Lo cierto es que el decreto 113-25 ha abierto más interrogantes que respuestas. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, la opacidad en la gestión de este tipo de decisiones solo contribuye a alimentar la sospecha. Si el gobierno de Luis Abinader quiere demostrar que esta medida es realmente en beneficio del pueblo, debe actuar con transparencia y claridad. De lo contrario, el decreto 113-25 pasará a la historia no como una reforma social, sino como otro capítulo más en la larga lista de misterios políticos que han marcado la historia de República Dominicana.


Mientras tanto, la ciudadanía espera, observa y cuestiona. Porque en un país donde las sombras del poder son tan alargadas, la duda siempre es más poderosa que la certeza.

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