DRAMA LABORAL EN EL CEA: Ex-empleada Sufre Crisis Nerviosa al Reclamar Pago de Sentencia; Denuncian Retención del 40%

SANTO DOMINGO, R.D. – Un dramático incidente en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) ha puesto en el ojo del huracán al director de la institución y de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, y ha destapado denuncias de presunta manipulación en el pago de prestaciones laborales. La protagonista del suceso fue Xiomara Molina, una ex empleada con 40 años de servicio ininterrumpido, quien sufrió una crisis de nervios en las instalaciones del CEA mientras reclamaba el pago total de su sentencia laboral.

Molina, quien se presentó junto a otros compañeros en similar situación, exige el cumplimiento de la sentencia que ordena el pago de sus prestaciones. El drama se intensifica con la denuncia de que, a pesar de que el Ministerio de Hacienda habría depositado los fondos necesarios al CEA, el director Burgos Gómez estaría reteniendo el 40% del monto total, ofreciendo a los ex trabajadores solo el 60% de lo adeudado.

Acusaciones de 'Botellas' y Retención Ilegal

Este escándalo se desarrolla en medio de un clima de acusaciones cruzadas. El director Burgos Gómez ha justificado públicamente las desvinculaciones masivas (más de 2,500 empleados) alegando que solo una minoría trabajaba efectivamente, y ha tildado a los reclamantes de ser "vagos y botellas" (empleados fantasmas), una ofensa que ha profundizado la indignación de quienes dedicaron décadas a la institución.

Mientras el director reporta haber concluido el pago de 350 millones de pesos a una gran parte de los desvinculados y denuncia que 79 casos están judicializados, los afectados insisten en que existe una negativa sistemática a honrar las sentencias definitivas. La supuesta retención del 40% del pago por parte de Burgos Gómez representa no solo un incumplimiento legal, sino un acto de profunda injusticia social que desvirtúa el espíritu de "resarcir el legítimo derecho" de los trabajadores prometido por la actual administración. Los ex empleados exigen la intervención de las altas autoridades para detener lo que consideran una retención arbitraria de sus derechos económicos.