“Caso Cobra” en SENASA: investigación sostiene que red usó programa de vacunación para facturar dosis no aplicadas

Expediente vincula alteraciones en vacunación de SENASA con presunto fraude millonario

Santo Domingo, RD. – La investigación del Ministerio Público sobre el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) apunta a un nuevo eje crítico: el uso irregular del sistema de vacunación como vía para inflar estadísticas, facturar servicios inexistentes y desviar fondos públicos.

Según el expediente, hasta 2019 la vacunación cubierta por SENASA se realizaba casi por completo en centros públicos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y con apenas dos prestadores privados autorizados, bajo una política institucional que priorizaba la red estatal. Esos centros solo recibían pago por aplicación y administración de vacunas que el Ministerio de Salud Pública entrega gratuitamente.

La investigación explica que Salud Pública distribuye vacunas mediante sus direcciones provinciales a unos 1,400 puestos de vacunación del país. Las dosis llegan por el Fondo Rotatorio de la OPS y se entregan sin costo, incluso en algunos centros privados autorizados, lo que permitió lograr coberturas nacionales cercanas al 100% en años recientes.

El giro señalado en 2020

De acuerdo con los investigadores, tras el cambio de gestión en 2020, el entonces director ejecutivo de SENASA, Santiago Marcelo Hazim Albainy, habría creado un “Comité de Contrataciones Médicas” sin sustento legal, operando como estructura paralela que alteró los protocolos tradicionales de evaluación y habilitación.

Ese comité, sostiene el expediente, permitió contratar centros privados para vacunación sin criterios técnicos claros, abriendo una brecha para el fraude.

Cómo habría operado el esquema

La pieza acusatoria sostiene que el supuesto entramado:

• Manipuló procesos de contratación y habilitación,

• Direccionó decisiones para favorecer centros privados vinculados al esquema,

• Y usó el programa de vacunación para facturar vacunas nunca aplicadas, inflar reportes y apropiarse de recursos destinados a salud preventiva.

El Ministerio Público mantiene el caso abierto, con varias líneas vinculadas a contrataciones y prestadores, y ha insistido en que la calificación final y la magnitud total del daño dependerán del proceso judicial y auditorías en curso.