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Asesinato del Alcalde de Uruapan Desata Caos en Morelia: Manifestantes Incendian Palacio de Gobierno y Exigen la Renuncia del Gobernador


Ciudad de México. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre tras participar en un evento público, ha encendido la chispa de la indignación en el oeste de México. Cientos de mexicanos salieron este domingo a las calles de Morelia, la capital de Michoacán, para exigir justicia por el edil y protestar contra la violencia y la impunidad que azotan a un estado marcado por la operación de múltiples grupos del crimen organizado.


La movilización, convocada en redes sociales bajo el lema “Ya basta de abusos y omisiones”, rápidamente escaló a la violencia. Un grupo de manifestantes irrumpió con fuerza en el Palacio de Gobierno estatal, sede del Ejecutivo, donde causaron destrozos, rompieron mobiliario y prendieron fuego a parte del interior. Al grito de “¡El gobierno lo mató!” y “¡Fuera Bedolla!”, la protesta se centró en exigir la renuncia del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, y criticar al partido oficialista Morena, culpándolos de la espiral de violencia que permitió el crimen.


La controversia se intensifica por el tema de la seguridad. Aunque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el alcalde Manzo contaba con protección federal y municipal reforzada desde principios de 2025, familiares del edil contradicen esta versión, asegurando que las autoridades habían ignorado los reclamos de protección del alcalde. La propia víctima había solicitado a García Harfuch y a la presidenta Sheinbaum que no retiraran a la Guardia Nacional del municipio, conocido por ser campo de batalla de cárteles como el CJNG, Los Caballeros Templarios y Los Viagras.


Mientras la policía recuperaba la sede del Ejecutivo, las autoridades confirmaron la detención de dos presuntos participantes en el crimen y la baja de un agresor durante el ataque. Sin embargo, la ola de protestas ciudadanas evidencia el profundo hartazgo de la sociedad michoacana ante la incapacidad de las autoridades de garantizar la seguridad de sus representantes y sus ciudadanos.

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