Abinader exige al Congreso aprobar los Códigos Penal y Laboral antes del plazo legislativo.
- Nicholle Grullon

- 15 jul
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Santo Domingo, 15 de julio de 2025 – El presidente Luis Abinader instó este lunes al Congreso Nacional a aprobar el nuevo Código Penal y la reforma al Código Laboral, junto a la modificación de la Ley de Compras Públicas, antes del cierre legislativo previsto para el 26 de julio. Advirtió incluso que no descarta convocar una sesión extraordinaria en caso de que no se logre en tiempo .
Durante su intervención en el programa La Semanal, Abinader expresó que ambas piezas están en su etapa final y que, como diría un beisbolista, están "a tiro de hit". Sobre el Código Penal, se espera su aprobación en segunda lectura el martes, aunque algunos senadores planean introducir enmiendas para reforzar temas como el artículo 393 y el cúmulo de penas, que permitiría hasta 60 años de prisión .
En cuanto al Código Laboral, aprobado en primera lectura, ha generado preocupación entre empresarios, que lo califican como un posible retroceso por no reflejar los acuerdos tripartitos alcanzados, y piden retomar el diálogo con gremios y el gobierno . Mientras tanto, los sindicatos respaldan la reforma y rechazan las críticas empleadoras.
Reforma del Código Laboral: tensiones entre sectores

El proyecto fue aprobado en primera lectura, pero generó rechazo del sector empresarial que lo califica de “retroceso”, argumentando que no refleja los acuerdos alcanzados en el diálogo tripartito y encarece la carga para la mipymes.
Argumentan que la reforma:
Aumenta significativamente los costos laborales.
Desincentiva la formalización del empleo y eleva la informalidad.
Carga el sistema judicial con procesos laborales más complejos.
Por su parte, los sindicatos, como la CNUS, han calificado la oposición empresarial de “irracional” y advierten que podrían paralizar el avance del Código si se incluyen modificaciones severas a la cesantía, defendiendo que no se toquen los derechos adquiridos.

Diálogo tripartito y riesgo de impasse
Organizaciones empresariales como Conep y Copardom han presentado propuestas para limitar la cesantía (hasta 6 años o tope de 10 salarios mínimos), uso de promedio salarial, y mayor flexibilidad.
Sindicatos insisten en mantener la cesantía y rechazan modificaciones que la reduzcan, advirtiendo que preferirían que el Código no avance si se afectan derechos consagrados .
También se ha planteado la intervención del Colegio de Abogados (CARD), señalando un posible contubernio entre empresarios y políticos para debilitar los derechos laborales.
Importancia estratégica
Para el Gobierno, la aprobación es clave para:
Dar una señal de modernización institucional.
Fortalecer la lucha contra la criminalidad y la corrupción con el nuevo Código Penal.
Impulsar empleo formal y ajustar normativas laborales al mercado actual.
Sin embargo, el desafío está en equilibrar:
El equilibrio macroeconómico (costo empresarial vs. derechos sociales).
La seguridad jurídica con mayor crecimiento y competitividad.
El consenso social, evitando retrocesos o recortes de derechos consagrados.





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